El reconocimiento de una marca no podía esperar. La marca colectiva nace para fomentar el desarrollo de esos innumerables actores anónimos de la economía social y -en consecuencia- para beneficio de toda la comunidad.
Con el avance de la información y las comunicaciones las personas y emprendimientos situados en lugares muy distintos pueden contactarse entre sí y hacer negocios entre ellos a menor costo. En resumen, este avance posibilita la inclusión social de comunidades aisladas y, en algunos casos, marginales. Estas comunidades suelen ser grandes productoras de creatividad, innovación e ingenio; muchas veces con orígenes ancestrales. A renglón seguido aparecen las marcas colectivas que son los signos que permiten distinguir la rica producción de esas comunidades. Su función es entonces diferenciar los productos y servicios de los actores de la economía social.[1]
La marca colectiva es un ejemplo de institución destinada a los actores de la economía social. Esta figura se enmarca en la actual legislación argentina ha cual ha producido un giro en lo que hace a la regulación de los derechos sociales, la ética, los derechos humanos fundamentales, el acceso a la educación, y la mejora de la calidad de vida. Finalmente, la ley 26.355 se acomoda perfectamente en este proceso de cambio que atiende a los actores de ese tan variado sector de la economía.
A su vez, la ley 26.355 es un ejemplo de norma. La misma es única en su forma y en su contenido. No encontramos en el derecho comparado una norma jurídica exclusivamente destinada a regular tan pormenorizadamente los derechos y obligaciones de los agrupamientos sociales en esta materia.
Así, la marca colectiva aparece en nuestro ordenamiento jurídico como el primero de los derechos de propiedad intelectual destinado a fortalecer no sólo a su propietario sino además -y principalmente- a la sociedad toda.
[1] Podemos decir que una marca es todo signo que permite diferenciar un producto o servicio de otro. Esta definición es parcialmente aplicable a las marcas colectivas argentinas, ya que su función está orientada directamente al desarrollo de los sectores sociales más vulnerables.
