Las marcas colectivas argentinas son una institución jurídica claramente diferente de las marcas reguladas por la Ley 22.362. Presentan características propias y no son una «variedad» o «especie» dentro del género «marcas» sino que son DPI absolutamente diferentes, más cercanos a los signos distintivos colectivos «no marcarios» como los signos de certificación o de garantía ( a veces llamados «marcas de certificación» o «marcas de garantía»). Las marcas colectivas argentinas presentan características propias, que las hacen más cercanas a las IG-DO que a las marcas. Además, al no ser una «especie» dentro del género creado por la Ley 22.362, la aplicación de las normas de la Ley 26.355 es amplia, en tanto que la normativa emanada de la ley de marcas se aplica a ellas de manera restrictiva o -en muchos casos- resulta directamente inaplicable.
Por ello lo dicho previamente, les es aplicable de manera una legislación específica (la Ley 26.355 y el Decreto 1384/08), que se suma a un marco normativo social y cultural destinado a utilizar la PI como herramienta de desarrollo social. De la misma manera, las IG-DO también son poderosas herramientas de desarrollo económico localizado, si bien son más cercanas a derecho rural, agrario y agroalimentario.
Siguiendo a Elena Schiavone, de la misma manera que las IG-DO se trasladaron a América como consecuencia de las grandes corrientes migratorias, los nombres usuales de las marcas colectivas geográficas (reguladas en Europa desde 1989) también llegaron como consecuencia de dichas corrientes socio-culturales masivas. Ambas instituciones son DPI colectivos (en los cuales el ius excludendi no afecta a los pobladores del territorio referenciado). Además, debe tenerse en cuenta que las IG-DO y las Marcas Colectivas Geográficas están destinadas desde el principio, a alejarse de su territorio de origen. El uso de la referencia geográfica se debe justamente a que dicha referencia resulta la mejor manera de identificar su proveniencia. Por este mismo motivo el Convenio de París (1883) prevé la protección de las marcas colectivas más allá de las fronteras de su pais de origen y aún sin tener radicado un establecimiento de ninguna especie en el país en el que pretenden dicha protección.
Finalmente, desde el punto de vista de la semiótica, lo que en PI se conoce usualmente bajo el nombre de «signos distintivos» es lo que en nuestra lengua llamamos simplemente «signos». Y ocurre que los funcionan en «sistemas» (sistemas de signos), de manera que el alejamiento temporal y/o espacial del sistemaal que pertenecen, los torna cada vez menos comprensibles, hasta llegar a un punto en que pierden su significado y -en consecuencia- ya no tienen valor alguno como «signos». Esto es importante a la hora de defender los DPI argentinos frentes a IG-DO y/u otros signos territoriales extranjeros que no tienen significado alguno para el consumidor local y que -en consecuencia- no son «signos distintivos» ni puede pretender la protección jurídica que se otorga a los signos.
En cuanto a la convivencia en un mismo ámbito territorial, de una IG-DO y de una marca colectiva, ello no causaría conflicto alguno en la medida que no se genere una eventual confusión o error en el público consumidor en cuanto a la naturaleza jurídica del producto en cuestión. Vale decir que debe quedar claramente indicado si se trata de una IG-DO o bien de una marca colectiva geográfica. Este tema reconoce múltiples antecedentes en el derecho europeo en que ambas instituciones han coexistido pacíficamente a través del tiempo.
—–
Decreto 1384/2008. “Las disposiciones sobre Marca Colectiva, en el marco de la Economía Social, se aplicarán a las indicaciones de procedencia cultural, étnica, histórica, antropológica y toda otra que sirva para la mejor diferenciación de los productos y servicios”.
–
Decreto 1384/2008 (Marca Colectiva) TEXTO
Ley 26.355 (Marca Colectiva) TEXTO
Ley 22.362 (Marcas y Designaciones) TEXTO
